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Alianza por la Justicia Climática,
7 de diciembre de 2010
La Alianza por la Justicia Climática, ante la Posición dada a conocer por el Gobierno
Chileno respecto a las Negociaciones sobre Cambio Climático de Cancún.
Ante la Posición dada a conocer por el Gobierno de Chile respecto de las negociaciones
sobre cambio climático que se desarrollan en Cancún, COP 16, las organizaciones
ciudadanas agrupadas en la Alianza por la Justicia Climática y que han participado en la
Mesa de Discusión Gobierno-Sociedad Civil sobre Cambio Climático, estiman necesario
señalar lo siguiente:
1.- Que reconocemos la actitud del Gobierno de abrir un espacio de información y diálogo
con la sociedad civil y de entregarnos por adelantado, para nuestras observaciones, la
posición nacional que se lleva a las negociaciones climáticas de México. Ello constituye,
en materia de procedimientos, un avance en relación a los gobiernos anteriores. Con la
apertura de este espacio, el Gobierno da cumplimiento a obligaciones internacionales en
materia de fortalecimiento de capacidades del país en relación al cambio climático.
2.- No obstante lo anterior, y en cuanto al fondo de la posición que lleva el Gobierno de
Chile a Cancún, esta constituye un retroceso en relación a lo planteado por el anterior
Gobierno en la COP 15 en diciembre pasado. En efecto, la representación chilena en
Copenhague, ofreció una desviación de la línea base de las emisiones hasta en un 20% al
año 2020, “financiada significativamente con recursos nacionales”. Si bien es cierto
esto no significaba reducir emisiones en términos absolutos y sólo disminuir el crecimiento
de las mismas, resultaba valorable que ello se plantease como un esfuerzo realizado
fundamentalmente con recursos nacionales. El nuevo Gobierno, por el contrario, ha
señalado que para alcanzar el mismo objetivo de desviación del crecimiento de sus
emisiones, “Chile requiere un relevante nivel de apoyo internacional”, lo que deja en
la práctica en nada el aporte previamente ofrecido. Evidentemente, es muy fácil ofrecer
cualquier cosa, si eso se condiciona a que lo financien otros.
3.- La posición señalada anteriormente, que no podemos sino calificar como mezquina e
impropia del país que ostenta el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica y que ha
hecho su ingreso a la OCDE, se refleja igualmente en la negativa del Gobierno de Chile,
expresada en el documento de posición nacional que se nos entregó, a que se hagan
diferenciaciones “entre los países en desarrollo”. Expresamente, el Gobierno afirma que la
única diferenciación aceptable es la que distingue entre “país desarrollado” y “país
en desarrollo”. Con ello, nuestro Gobierno pretende confundirse entre los más pobres
del planeta para no hacer los aportes de mitigación que se encuentra en condición de
hacer. Las organizaciones de la sociedad civil creemos que, contrariamente, el aporte a
un acuerdo mundial y nuestra propia sustentabilidad, exigen distinguir dentro de los
países “en desarrollo” a los países “más pobres” de los países de “ingresos
medios”. Entre estos últimos se encuentra indudablemente Chile. Se trata de países que
pueden y deben hacer un aporte con recursos propios a mitigar el crecimiento de sus
propias emisiones. Es relevante anotar que en términos per cápita, Chile se encuentra ya
en el tercer lugar entre los mayores emisores latinoamericanos, sólo detrás de Venezuela,
el país con la gasolina más barata del mundo, y casi a la par de México.
4.- En lo que sí abunda la posición del Gobierno de Chile es en el fomento al uso de
instrumentos de mercado para que los países industrializados puedan considerar como
propias reducciones que se realizan en nuestro país y que ellos financian. Nos queda la
impresión con esto que el Gobierno chileno ve la crisis climática sólo como una
oportunidad de negocios y no como un desafío global que exige generosidad de todos los
países. Los mecanismos del mercado de carbono están severamente cuestionados
internacionalmente, al punto que se han descubierto importantes fraudes que lanzan una
sombra de mucha duda respecto de su viabilidad.
5.- De cara a las negociaciones que se desarrollan hoy en Cancún, las organizaciones
que suscriben urgen al gobierno de Chile a trabajar multilateralmente para lograr un
acuerdo internacional único, con compromisos de mitigación de emisiones de todos los
países ricos, principales responsables actuales e históricos del cambio climático; y
también, diferenciadamente, de los países de ingresos medios, varios de los cuales son
actualmente importantes emisores. Aunque reconocemos que el Protocolo de Kyoto del
año 1997 es el único acuerdo vinculante, lamentablemente no considera en forma efectiva
una responsabilidad común y diferenciada, al no incluir compromisos de varios de los
países más ricos del mundo, que también son los mayores contaminadores per cápita.
También resulta ineficaz, pues no contempla compromisos de países de ingresos medios
y economías emergentes, entre los cuales están hoy parte de los mayores emisores
absolutos. El esquema del Protocolo de Kyoto resulta insuficiente para detener el cambio
climático y debe ser superado.
6.- Finalmente, tenemos la certeza de que si países de ingresos medios como Chile
adoptan compromisos vinculantes y verificables de mitigación de emisiones, no harán otra
cosa que darse una valiosa oportunidad para abandonar formas de producción y consumo
insustentables, que además de dañar el clima del planeta, impactan la salud de su
población y su patrimonio ambiental. En tal sentido, mitigar emisiones, deteniendo el
derroche energético, desincentivando el uso del automóvil y desarrollando fuentes
energéticas renovables en vez de centrales termoeléctricas a carbón, entre otras muchas
medidas disponibles, impulsará a Chile hacia una senda de efectiva sustentabilidad,
sumándonos al mismo tiempo al esfuerzo mundial por impedir niveles de cambio
climático catastróficos.
Santiago, 7 de diciembre de 2010.
Alianza por la Justicia Climática
Acción Ecológica, Acción por la Tierra, Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y la Flora –
CODEFF, Defendamos la Ciudad, Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
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